La modificación de la Ley de Urbanismo de Aragón (LUA) propuesta por el Gobierno de Aragón ha disparado las alarmas porque, en la cláusula que se hace a la medida de proyectos como Arcosur, resta a los ayuntamientos la capacidad de exigir cesiones de suelo para reservas para equipamientos. Por eso Izquierda Unida anunció que pedirá explicaciones e información detallada a la DGA sobre la propuesta remitida a los colegios profesionales.

Su portavoz parlamentario, Adolfo Barrena, denunció “el ninguneo del Ejecutivo que pretende modificar una ley sin tener en cuenta que la capacidad legislativa reside en las Cortes”, y criticó la “sumisión” a los intereses empresariales, y la “apuesta por un urbanismo a la carta, con plusvalías que se reinvierten sin tener en cuenta el bien ciudadano”.

Mientras, desde el Gobierno de Zaragoza, el portavoz socialista, Carlos Pérez Anadón, negó cualquier pacto con el PP, aunque reconoció que ha habido reuniones entre técnicos de la DGA y del área de Urbanismo. Y que con ese texto, el PSOE será “beligerante”.

Mientras, en el PP municipal, su portavoz, Eloy Suárez, alegó que “puede sufrir modificaciones” pero que, en todo caso, “hay un Gobierno serio en el Pignatelli y habrá que atender al territorio”, no solo a Arcosur, porque sostuvo que “no se hacen leyes ad hoc“.



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