La Audiencia Nacional ha ratificado la condena dictada contra la inmobiliaria aragonesa Goya 900 por un fraude fiscal. Según la sentencia, la compañía participó en una transmisión de sociedades ideada con el fin de eludir el pago de una tributación fiscal de un millón de euros en una operación de compraventa de terrenos. La empresa debería abonar ahora esa cantidad pero se encuentra hoy en fase de liquidación tras entrar hace dos años en concurso de acreedores, uno de los mayores declarados en Aragón, por sus deudas con las entidades financieras.

Antiguo local de la promotora Goya 900 en la avenida Juan Pablo II de Zaragoza.

En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional confirma las sucesivas resoluciones condenatorias dictadas por los tribunales económico y administrativos de Aragón y Central de Madrid contra esta promotora.

El tribunal relata que en julio del 2001 se constituyó la sociedad Promociones Calle Bielsa para participar, junto a Promoción y Venta Zaragozana y Goya 900, en la compra de una parcela propiedad de Verbier SL valorada entonces en el mercado en unos siete millones de euros. En octubre de ese año, una vez ejecutada la compraventa, Verbier fue disuelta y en marzo del 2002 se liquidó Promociones Calle Bielsa, que fue absorbida por Promoción y Venta Zaragozana. La inspección fiscal incoó un expediente para denunciar que Promociones Calle Bielsa fue constituida al objeto de neutralizar el pago de la plusvalía producida.

Los magistrados resaltan que esta sociedad fue constituida siete días antes de la venta de la parcela propiedad de Verbier y desapareció unos meses después, sin que conste ninguna actividad empresarial.

CONCURSO BAJO SOSPECHA Goya 900 fue declarada en concurso voluntario el 17 de enero del 2011 por el Juzgado de lo Mercantil número dos de Zaragoza, con una deuda próxima a 100 millones de euros. La Junta de Compensación de Arcosur es uno de los principales afectados por esta suspensión de pagos, con una deuda reconocida de 1,4 millones de euros.

Como administradores concursales fueron designados el auditor Gregorio Coronado Nasarre (Asesoría Ruiseñores), el abogado Juan Carlos Campos García y Telefónica de España, en representación de los acreedores, que a su vez nombró como representante a Juan Oliván Bascones. Este último pertenece al despacho profesional SIO-2, del que es socio junto a Fernando Sainz de Varanda Alierta, Iranzo Lacambra Juan Antonio y Miguel Oliván Bascones.

La compañía no logró reflotar su negocio como preveía al entrar en concurso y el 27 de marzo del 2012 el juzgado abrió la fase de liquidación, cesando en sus funciones la administración societaria.

Fuente: elPeriódico de Aragón