El Ayuntamiento ha agotado casi todas sus reservas de VPO
El Ayuntamiento de Zaragoza, que durante los últimos años ha vivido un auténico frenesí invesor gracias a la enajenación de patrimonio público, se ha quedado sin munición para seguir con la misma dinámica. Hoy, según datos de Urbanismo, quedan alrededor de 1.000 viviendas protegidas en disposición de ser colocadas en el mercado. Y eso que solo han pasado ocho años desde la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que habilitó generosas bolsas de suelo para el Ayuntamiento. Por estas VPO, las arcas municipales podrían ingresar alrededor de 30 millones de euros, una cifra que está muy lejos de los 48 que se han presupuestado en 2010. Hay suelo para menos de un año.
Según la Gerencia de Urbanismo, en la actualidad el Consistorio tiene en su patrimonio suelos con proyecto de reparcelación y urbanización aprobados (trámites imprescindibles para poder obtener licencia) con capacidad para casi 1.000 viviendas protegidas, de las que alrededor de 800 están en Arcosur. El resto se disemina por parcelas en la avenida de Cataluña, Valdefierro, Oliver o Monzalbarba. Además, hay capacidad para otros 2.500 o 3.000 pisos en terrenos aún pendientes de desarrollo (huerta de Miraflores, Miralbueno, San Gregorio, La Cartuja…). Si en 2002, cuando el PGOU recién aprobado fijaba las reservas municipales en más de 20.000 VPO, los gobiernos del socialista Juan Alberto Belloch se lo han gastado casi todo. A la historia pasaron las reservas municipales en Valdespartera o La Paz.
Ventas y permutas
¿Qué ha pasado para que en tan poco tiempo el Ayuntamiento haya agotado sus reservas? Pues que se ha vendido y permutado a una extraordinaria velocidad, fruto no solo de los sucesivos concursos de suelo convocados desde el año 2002, sino por la política de permutas que se impulsó especialmente entre 2004 y 2007, durante el gobierno PSOE-CHA, y con la que se financiaron desde la adquisición de los suelos del meandro de Ranillas para la Expo 2008, para urbanizar el corredor verde Oliver-Valdefierro o para pagar, en gran parte, la millonaria rehabilitación del Seminario.
Buen ejemplo de la evolución que vivió la venta de patrimonio durante aquellos años lo confirman las partidas de venta de suelo de aquellos años: si en 2001 se presupuestaron ingresos por 8,3 millones de euros por este concepto, en 2002, gracias a la aprobación del PGOU, la cifra subió a 32,2 millones. Y en 2003, todavía con el gobierno del PP, se alcanzaron los 46,2 millones. La cifra continuó subiendo en años posteriores hasta alcanzar los 57 millones en 2005. Y así se ha mantenido la situación durante los últimos años, aunque la crisis financiera e inmobiliaria ha mermado las ventas de suelo. Por poner un ejemplo, en el último concurso de suelo el Ayuntamiento solo adjudicó 310 viviendas de las 743 ofertadas. El resto quedaron no encontraron comprador. Ahora están pendientes otras dos convocatorias (1.100 VPO en Arcosur y La Jota y otras 364 en el Príncipe Felipe), que podrían suponer unos ingresos de 42 millones. Habrá que ver si el mercado de la VPO mantiene su tibieza o inicia una progresiva reactivación.
¿Qué opciones le quedan al Ayuntamiento ahora para hacer caja? Para seguir ingresando debería recurrir a suelos terciarios (oficinas, comercios) o industriales. Respecto al primer tipo de propiedades, las principales reservas del Consistorio se sitúan en Valdespartera y Arcosur (unos 80.000 metros cuadrados edificables) y en La Romareda (42.500). En el mercado, podrían suponer entre 80 y 100 millones de euros.
En cuanto a los terrenos industriales, fuentes de Urbanismo indican que quedan 200.000 metros cuadrados en el polígono Empresarium, en la carretera de Castellón, que podrían suponer unos 20 millones euros. El problema de estas propiedades es que, en plena crisis económica, las mencionadas fuentes los consideran de “muy difícil comercialización”.
Suelo para pagar a proveedores
A este problema se suma la dinámica adoptada por el gobierno municipal de soslayar la Ley del Suelo y no destinar los recursos obtenidos por la enajenación de su patrimonio a “la conservación, administración y ampliación del mismo”. Es más, tal y como dijo el pasado viernes el concejal de Economía, Fernando Gimeno, el Ayuntamiento destina los ingresos por venta de suelo a gasto corriente, solución que entra en contradicción con la normativa. “Necesitamos esos recursos para pagar a los proveedores”, afirmó en relación al último concurso de suelo en el Príncipe Felipe.
Ante el colapso del patrimonio municipal, el gobierno PSOE-PAR solo ve una solución: recalificar más solares para cuadrar los presupuestos de los próximos años. El plan frustrado en la carretera de Huesca, con más de 10.000 viviendas, o el proyecto en la orla este, con otros 2.700 pisos en plena huerta de Las Fuentes, confirman las pretensiones del Ayuntamiento de Zaragoza: seguir recurriendo al ladrillo para tapar los agujeros, pese a las dudas que existen sobre la sostenibilidad de la fórmula.
