El ayuntamiento, preocupado por el "chantaje" del presidente de Arcosur
Los bancos aún no han pagado 6,5 millones y la DGA otros 700.000 euros. CHA e IU rechazan aumentar la densidad de vivienda y el PP sigue sin posicionarse
Las palabras del teniente de alcalde de Urbanismo, Carlos Pérez Anadón, no dejaron ayer lugar a dudas sobre la situación que vive el proyecto de Arcosur: “Lo veo tan con buenos ojos que pidan un aumento de la densidad de vivienda como que figuraba en nuestro programa electoral como con malos ojos que se plantee como un chantaje”. Así evidenció el Gobierno municipal la “preocupación” con la que está afrontando el consistorio el relevo en la presidencia del consejo rector, con la llegada al puesto de Manuel Asín, al que se han opuesto en todas sus propuestas, tanto en la elección de la gestora, de su confianza, como en su propia elección como presidente de la junta de compensación.
Preocupa desde que este, según detalló Anadón, amenazó con retrasar 18 meses la finalización de la urbanización y, por tanto, la entrega de viviendas, si no se permitía elevar a 75 viviendas por hectárea la densidad en la zona. Una idea que el PSOE comparte como solución para la segunda fase de los trabajos y para otras zonas de la ciudad como Parque Goya o Parque Venecia, y a la que CHA e IU mostraron su rechazo, y el PP no se posicionó (aunque el concejal Pedro Navarro lo apuntó como solución en un lapsus).
El teniente de alcalde así lo expresó pese a que, como él detalló, el nivel de ejecución está siendo el correcto y la morosidad, “inferior al 4%” no es preocupante. Explicó que en mayo se estimó que el volumen de obra para acabar en julio era de 48,6 millones, con certificaciones mensuales de 3,2 millones, y el ritmo es aceptable.
Entonces se calculó que sería necesario una previsión de ingresos de 42,7 millones de euros en pagos de cuotas, y hasta octubre hay certificaciones por valor de 17,5 millones, a una media de 2,91 millones mensuales. De ellos, 10,3 los han aportado los propietarios de suelo –1,8 más de los previstos–, y faltan por ingresar 6,5 de créditos de Ibercaja y La Caixa –han pagado 4 y debían poner 10,5– y otros 700.000 euros del Plan de Vivienda que debía tramitar la DGA (1,5 de los 2,2).
El objetivo es que en julio entren a vivir las primeras 2.000 familias. Pero las obras seguirán. Y deben hacerlo a un ritmo mayor hasta el 2015, cuando finalicen, aunque se acabarán de pagar en el 2016. Mientras, las certificaciones de obra serán de 2,1 millones al mes en el 2012, de 3 en 2013, 3,3 en el 2014, 3,6 en el 2015 y 2,1 en el 2016. Si el consejo no decide cambiar de planes.