La asamblea que debe aprobar el plan de Arcosur sigue sin fecha
Mientras el Ayuntamiento de Zaragoza debatirá hoy en el pleno el futuro de Arcosur, sigue sin fijarse la fecha para la asamblea general de la Junta de Compensación que debe confirmar o rechazar el plan de viabilidad presentado esta semana y aprobado por el consejo rector. Pero una moción urgente presentada por CHA pretende un posicionamiento conjunto antes este problema grave para las primeras 2.000 familias que debían entrar a vivir el próximo mes de junio.
Los nacionalistas instan al consistorio a cumplir con los acuerdos inicialmente adoptados en torno a los plazos y fechas de entrega de las primeras viviendas protegidas, rechazando el plan de viabilidad aprobado el lunes por incluir varios incumplimientos. Los distintos grupos tendrán la oportunidad de posicionarse sobre el proyecto.
Fuentes municipales insisten en que su único objetivo es el de garantizar la llegada de los primeros vecinos con todas las condiciones acordadas, y negociar el resto de este desarrollo urbanístico, ya que no hay que olvidar que se trata de un proyecto de ciudad en el que se ha invertido mucho dinero.
La moción llega en un momento el que todas las vías de negociación deben de estar puestas en marcha. De hecho, no se descarta posponer la convocatoria de la asamblea de la Junta de Compensación, que en principio estaba previsto se celebrase el próximo martes 31 de enero, pero que el consejo rector no ha convocado.
El Gobierno de Aragón, por su parte, ha asegurado que estudiará las presuntas irregularidades legales que el ayuntamiento alega contra el plan de viabilidad de Arcosur “cuando llegue el proyecto ya definitivo y aprobado”. Se trataría de adecuar las modificaciones que se pretenden añadir (como el aumento de la edificabilidad) a la Ley de Urbanismo. De momento, el plan ha pasado el primer corte del consejo rector de la Junta de Compensación, y deberá recibir también el visto bueno de la asamblea.
Las irregularidades señaladas por Urbanismo van desde el retraso propuesto de la urbanización, que se divide en diez áreas y prolongaría hasta el 2021, a los cambios en la calificación de algunas parcelas, transformar viviendas del mercado libre en protegidas, aumentar el número de viviendas a construir, etc. Lo que conllevaría trastocar los equipamientos públicos previstos, aumentar las zonas verdes, etc.
