Un convenio del 2010 le obligaría a abonar cerca de 8 millones en impagos y las próximas cuotas. Urbanismo asegura que no hay expediente en marcha y que la decisión dependerá del pleno

El Ayuntamiento de Zaragoza podría enfrentarse con Arcosur a un agujero económico de proporciones aún desconocidas. Todo por los impagos que se están registrando y un convenio firmado en el 2010 con la junta de compensación y las entidades financieras que avalaron la operación. El problema para el consistorio es que este se comprometió a expropiar suelo a quienes no pagaran sus cuotas y la junta ya ha solicitado iniciar el procedimiento administrativo para los dueños de 34 parcelas. Poniéndolo primero en conocimiento de los morosos, para que actúe en caso de que sigan sin pagar sus deudas.

Si al final esto se produjera, el ayuntamiento tendría que expropiar esos suelos y asumir los casi ocho millones de euros que los promotores adeudan en cuotas a la junta, y las posteriores por las cargas de urbanización.

Parcelas ya construidas del nuevo barrio de Arcosur, donde ya han entrado a vivir vecinos.

Parcelas ya construidas del nuevo barrio de Arcosur, donde ya han entrado a vivir vecinos.

EL COMPROMISO La cláusula segunda de ese convenio del 2010 explica claramente cómo “para hacer posible crear este marco de confianza” con las entidades financieras y la junta, se comprometía a “intervenir de forma directa, activa y principal en la gestión de los impagados de las derramas de urbanización” y, a tal fin, “de serle solicitada la vía de la expropiación como medio de actuación contra el miembro de la junta incumplidor, adquiere el firme compromiso de proceder directamente contra el propietario incumplidor, revocando la condición de beneficiaria de la expropiacion a la junta de compensación”.

En otras palabras, el ayuntamiento avalaba comprometiéndose a actuar con la expropiación. Y “una vez adquirido el bien expropiado, asume la obligación de satisfacer de forma inmediata las derramas de urbanización que estuvieren pendientes de pago”. Es decir, a asumir sus deudas.

Mañana llegan a la Gerencia de Urbanismo los trece casos en los que se pide la incoación del expediente expropiatorio. Y sus impagos ascienden a casi ocho millones de euros. Aunque desde Urbanismo aseguran que “no son expedientes expropiatorios en sí”, que se trata de dar aviso, “sometiéndolo a información pública”, a los que no pagan de que se exponen a perder su suelo. “Solo se iniciaría si persisten en el impago de las cuotas”, añadieron. Pero la junta tenía otras opciones, como solicitar el apremio del pago de las cuotas o acudir a los tribunales, y las ha desechado.

Si se diera esa situación, desde Urbanismo aseveran que “debería determinarse quién es el beneficiario de esa expropiación, el ayuntamiento o la junta” y que esta es una decisión que “deberá tomar el pleno municipal”. Además, el valor del suelo sería como el de uno rústico, “a no ser que correspondan a parcelas que ya estén urbanizadas y en las áreas recepcionadas ya por el ayuntamiento”. Sería un suma y sigue interminable, con la expropiación, la deuda acumulada y las próximas cuotas.

Sin embargo, el ayuntamiento confía en que finalmente paguen, y destaca que el índice de morosidad en Arcosur es del 6%, 13,2 millones sobre un importe total de 225, de los que 3,3 corresponden a empresas que están en concurso de acreedores, y otros 2 de impagos con poco tiempo de retraso.

Pero el debate está servido. Ayer mismo, IU denunció que estos propietarios han “abandonado” y ya no pagan, y que la deuda que la junta pretende endosar sería “ilegítima”. “Durante los años del boom inmobiliario no se socializaron beneficios, pero ahora, las constructoras promotoras y la banca pretenden socializar las pérdidas”, manifestó su portavoz, José Manuel Alonso, que tiene claro que esta es “una deuda contraída entre entidades privadas que pretenden que paguemos del bolsillo de todos los ciudadanos” y para quien este “rescate a Arcosur” será “a costa de cargar con sus activos tóxicos”. Por eso pedirá la anulación del convenio del 2010.

Fuente: elPeriódico de Aragón



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