El ayuntamiento se arriesga a tener que asumir más de 40 millones de euros en obras pendientes. El próximo 12 de diciembre se cumple el plazo legal de siete años para estar sujetos a esta obligación.

Dos meses y medio tiene el Ayuntamiento de Zaragoza para actuar e impedir la que se le avecina en Arcosur. La ley y el compás de espera en el que se encuentra la modificación del plan parcial puede acabar afectando al consistorio. El próximo 12 de diciembre, todas las parcelas del nuevo barrio del sur de Zaragoza podrían quedar liberadas de las cargas de urbanización a las que hoy están sujetas, porque se cumple el plazo legal de siete años que la ley fija “como máximo” para hacerla efectiva desde que se aprueba el proyecto de parcelación que está vigente. En este caso, desde el 12 de diciembre del 2008.

La consecuencia última, en el peor de los casos para las arcas municipales, es que el consistorio podría acabar teniendo que asumir el coste de más de 40 millones de euros que tienen las obras pendientes de ejecutar. No es nada descabellado, el ayuntamiento lo sabe y le urge poner sobre la mesa la búsqueda de soluciones. Porque el silencio administrativo o la inacción le puede salir muy cara.

En el origen del problema actual está la ley. El artículo 20 del real decreto 1093/1997 por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística. Es el que determina que, transcurridos siete años desde el acuerdo para la reparcelación del sector, los suelos pueden quedar automáticamente liberados de la obligación de contribuir económicamente con la urbanización. En el caso de Arcosur, de las obras valoradas en unos 250 millones de euros en total se lleva ejecutado más del 80%, por lo que la factura aún pendiente superaría los 40 millones.

FONDOS DE INVERSIÓN

Muchas dudas se abren ante este escenario. Por ejemplo la amenaza que desde hace años representan los fondos de inversión extranjeros que están dispuestos a comprar suelo a bajo coste. Uno de los principales elementos que frenaba el desembarco en Arcosur era, precisamente, la carga de urbanización que cada uno de estos suelos arrastra. Si se consuma el plazo y la obligación expira, el ayuntamiento no podría reclamarle ni un euro a los posibles compradores de terrenos en el barrio. Los que todavía permanecieran en la junta de compensación se acogerían a ese mismo texto legal o buscarían la forma de deshacerse de esa obligación. Y el destinatario último de esta imposición de urbanizar sería la Administración que tutela, es decir, el ayuntamiento. Ni qué decir tiene que esa factura sería inasumible en estos momentos.

En este caso, el reloj de los siete años empezó a contar en el 2008, aunque este se podría haber puesto a cero si se hubiera aprobado definitivamente el plan parcial que implicaba la creación de 1.667 viviendas nuevas en el sector. No por esta decisión en sí misma como por la necesidad de acudir a una nueva reparcelación y un nuevo reparto de cargas de urbanización en los terrenos resultantes.

Tampoco en el momento de negociar ese nuevo plan de viabilidad la junta de compensación se mostraba proclive a rediseñar el mapa del barrio y rehacer la reparcelación. Pero en caso de hacerse, habría parado el contador legal. Más aún si la apuesta de estos constructores, como

planteaban en su propio plan de viabilidad, era alargar su compromiso hasta el 2021. Pero este nuevo plazo no quedó actualizado nunca en el Registro de la Propiedad, obviamente, al no haber un acuerdo definitivo aprobado en pleno. Ahora toca correr. Y le corresponde hacerlo a Pablo Muñoz como responsable de Urbanismo en el ayuntamiento cuando, en ese momento y siendo edil de IU, se posicionó en contra de este nuevo plazo para acabar las obras.

Ahora, su objetivo deberá ser impedir que las arcas públicas afronten un gasto que los dueños del suelo no han ejecutado y dicen desde hace tiempo no poder hacerlo al ritmo previsto en el momento de la reparcelación.

Lo peor de este escenario es que la ley no permite prórroga. Quizá la solución más rápida sea iniciar la tramitación con el Registro de la Propiedad y actualizar esa fecha límite. O acudir a una nueva reparcelación, una solución mucho más laboriosa y hacerla en tiempo récord. Habría que calcular nuevos costes, parcelas y porcentajes de obligación para los propietarios. El reloj corre en su contra.

Fuente: Periódico de Aragón

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