Adquirir una vivienda de protección oficial hace unos años era un sueño para muchos ciudadanos. Ayudas, condiciones más cómodas y facilidades para conseguir un piso a un precio razonable en plena ebullición de la burbuja inmobiliaria hicieron que miles de compradores se lanzaran a adquirir pisos sobre plano en barrios de nueva construcción que ahora, para muchos de ellos, se han convertido en un quebradero de cabeza.

Desde que en 2013 el Gobierno central suprimiera las ayudas que se concedían ligadas a las viviendas protegidas (una ayuda a la entrada a fondo perdido, y otra de subsidiación de la hipoteca) cientos de compradores han iniciado procesos ante los tribunales para reclamar unos apoyos que consideran que, en el momento de su compra, tenían reconocidos.

Solo en Aragón, y en lo que respecta al Plan de Viviendas 2009-2012, el actual Gobierno de la DGA estima que pudo haber más de 10.300 afectados por la retirada de las subvenciones al pago de la hipoteca. Una ayuda que iban de los 80 a los 130 euros al mes de media y que se renovaban tras los cinco primeros años por otros cinco más. La supresión de las ayudas por parte del Gobierno -realizada en el marco de los ajustes de los años 2012 y 2013- dejó sin cobrar a una buena parte de compradores que justo acababan de comprar poco antes de la entrada en vigor de la Ley que les puso fin, y dejó sin posibilidad de renovar a los que la tenían una vez cumplidos los primeros cinco años.

Ante esto, muchos afectados iniciaron acciones legales para reclamar una subvención con la que contaban a la hora de organizar su plan de vida. Y aunque una gran mayoría ya se han retirado ante la escasa perspectiva de pleitear contra la Administración, aún hay cientos que siguen pendientes de fallos en los tribunales.

Arcosur, uno de los barrios donde más proliferaron estas viviendas y que con el pinchazo del ladrillo quedó en buena medida perjudicado por la falta de servicios y la finalización de sus infraestructuras, reúne buena parte de estos casos.

Ana Belén Andrade es una de sus vecinas. Adquirió una VPO por medio de una cooperativa y pese a que cumplía todos los trámites para recibir las ayudas y envió la formalización en plazo antes de la entrada en vigor de la supresión en junio de 2013, nunca llegó a recibir ni un euro. Su caso y el de otra veintena de vecinos de la promoción en la que vive es uno de los más “sangrantes” que dejó por el camino la decisión del Gobierno, según explican sus abogados. Sobre todo si se sabe que en el mismo edificio donde reside, ochenta viviendas sí que las recibieron y veinte no.

“Es algo que no nos explicamos. Pensamos que fue una decisión aleatoria porque se acabó la partida que querían dedicar a las ayudas. Pero nosotros las teníamos reconocidas, la vivienda estaba calificada en las mismas fechas para todos, y hay gente en una misma escalera que las recibió y otros que no”, explica la vecina de Arcosur.

Su caso es similar al de José Antonio, otro vecino del barrio que tampoco las recibió. También defiende que entregó toda la documentación y fue admitido para recibir la ayuda a la entrada, que rondaba entre los 7.000 y los 12.000 euros según los casos, y que tampoco recibió. “Hay que tener en cuenta que una familia que en aquella época decidía adquirir una VPO lo hacía porque no podía permitirse una vivienda normal. Se contaba con una garantía por parte del Estado que facilitaba acceder a estas viviendas en nuevos barrios. Si lo llego a saber, no me hubiera metido en una casa aquí”, señala.

Y es que, a pesar de no contar con estas ayudas, los compradores de VPOs siguen manteniendo las obligaciones propias de disfrutar de este tipo de inmuebles. No pueden alquilarlas ni venderlas en un plazo de diez años. Y además, su precio, en principio más barato, se ha igualado considerablemente con el del mercado después de años de caída en los precios del ladrillo.

El Constitucional da la razón al Gobierno.

A partir de ahí, la lectura de la sentencia tendrá que ser juzgada en cada caso. “La sentencia da la razón al Gobierno en el caso de que ya no se renovarán las ayudas al préstamo del plan 2009-2012. Pero en el resto de asuntos, como las ayudas directas a la entrada (AEDE) o la subsidiación de los planes anteriores, la interpretación es mucho más ambigua, y deja la puerta abierta a que en cada caso concreto se determine si cada afectado tenía los derechos reconocidos y consolidados antes de la entrada de la norma. Lo que sí que puede entenderse como un punto a favor para reclamar las AEDEs”, explica el abogado Luis Solana, del despacho Mainar Solana- Plaza Abogados, que lleva una treintena de casos en Zaragoza, tanto de afectados que se están jugándose la renovación, como de aquellos que nunca llegaron a recibir ni la ayuda inicial.

Desde la plataforma de afectados nacional -donde se calcula que el número de afectados puede ascender a más 300.000 en toda España- también se ha criticado la inseguridad jurídica de la sentencia del TC, por lo que han anunciado elevar el asunto a Europa para continuar con el proceso.