Los ayuntamientos elegirán al promotor entre un listado que hará el Ejecutivo autonómico. Los escogidos tendrán que erigirse en cooperativas de régimen especial o de alquiler.

26/01/2010 M. NAVARCORENA

En algunas localidades del entorno de Zaragoza, como Zuera, se ha extendido la VPO. FOTO: EL PERIÓDICO

Los ayuntamientos contarán con un listado de gestores de cooperativas y promotores privados a los que podrán conceder a dedo suelo público para construir vivienda protegida. La lista la elaborará la Dirección General de Vivienda del Gobierno aragonés y reunirá a todos aquellos que aporten “una trayectoria impecable en la promoción de VPO en Aragón”. Estas promotoras obtendrán una especie de sello de calidad a través de la figura de promotor social preferente. Esta es una de las novedades que el Gobierno de Aragón incorporará a la reforma de la Ley de Cooperativas, según la cual cada administración decidirá si reserva o no suelo público para estas empresas.

“En Aragón, se mantendrá la regla general del concurso como sistema de adjudicación de suelo para construir vivienda protegida. Pero para determinadas circunstancias, que todavía estamos puliendo, se propondrá la opción del promotor preferente”, explicó ayer el director general de Vivienda, Julio Tejedor.

No sería la primera vez que se lleva a cabo una adjudicación directa de suelos. El Ayuntamiento de Zaragoza ya lo hizo, por ejemplo, en Valdespartera con las gestoras relacionadas con los sindicatos mayoritarios.

RECONOCIMIENTO Ahora, la idea es que estas gestoras o promotores incluidos en el listado promuevan determinadas tipologías o usos de vivienda protegida que, por regla general, los constructores no suelen llevar a cabo por no ser tan rentables. Como las VPO de venta de régimen especial o las promociones para el alquiler. Por otro lado, la medida también buscar premiar a las empresas aragonesas, ya que, en principio, serían las que más vivienda protegida han promovido en la comunidad.

Tejedor explicó que últimamente el cooperativismo ha repuntado en la construcción de vivienda, tanto protegida como libre, como consecuencia de las nuevas exigencias de las entidades bancarias a la hora de conceder los créditos.

GARANTÍAS “A diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, en donde sí se adjudica suelo a promotoras o gestoras constituidas un mes antes, en Aragón se elegirán a quienes han promovido VPO desde hace años y lo han hecho sin ningún tipo de problema. Con ello queremos proteger al cooperativista de la avalancha de nuevas empresas que han nacido pero que nos son completamente desconocidas”, añadió.

Por ello, en principio se elegirán a compañías aragonesas. “La medidas es también un estímulo para las nuevas gestoras y promotoras, ya que saben que a partir de ahora pueden llegar a obtener dicha calificación”. Aragón es una de las comunidades autónomas en las que más se ha construido en los últimos años este tipo de vivienda.

REDUCCIÓN DE RIESGOS “En la situación de crisis en la que nos encontramos hay que reducir riesgos y generar garantías. Y una buena base son aquellas empresas que han levantado miles de VPO en Aragón mientras otros especulaban”, insistió.

En cuanto a la fecha de aprobación de la reforma –que es global para toda la Ley de Cooperativas–, dependiendo de la premura todavía puede alcanzar a las futuras promociones de VPO en Arcosur, una zona al suroeste de la capital aragonesa que está en fase de urbanización y parcelación.

La nueva figura de promotor preferente de vivienda protegida prevista en la futura Ley de Cooperativas de Aragón es uno de los pocos puntos que está contando con discrepancias durante el proceso de desarrollo de la norma, cuyo plazo de presentación de enmiendas termina en febrero. “A título particular, los promotores privados nos han hecho llegar sus críticas al respecto”, afirma el ponente del PP, Manuel Guedea. En principio, la reforma viene a paliar los problemas derivados de la entrada en el mercado de la cooperativa de VPO de promotores privados sin experiencia en edificar esta tipología, cargando en exclusiva las consecuencias de una posible mala gestión en el socio cooperativista.